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Grupo Indalo

López quedó muy cerca de ser procesado y la Justicia define el futuro de Indalo

La AFIP rechaza el plan de pagos de los compradores; la última palabra la tendrá el juez; los gremios presionan.

Captura web

La desintegración del kirchnerismo se llevó puesto a sus empresarios. Lázaro Báez está preso por lavado desde hace casi dos años y ahora la Justicia tiene en sus manos el futuro del grupo Indalo, el holding que construyó Cristóbal López y que creció hasta convertirse en un pulpo gracias a que no le pagó a la AFIP impuestos a los combustibles por 8000 millones de pesos.

Cristóbal López está, por un lado procesado por lavado de dinero por pagar con alquileres a la empresa Los Sauces de Cristina Kirchner y ahora firmó un acuerdo de venta irrevocable de las acciones del grupo Indalo a OP Inversores, cuya cara visible es el financista Ignacio Rosner, ex Clarín, ex Socma, asociado con la petrolera rusa Lukoil

Pero la operación de venta no puede concretarse porque la Justicia tiene inhibidos todos los bienes de López por el fraude fiscal con su petrolera Oil Combustibles. La semana próxima habrá una definición en esa causa penal que posiblemente termine con López procesado por fraude.

Por otro, los nuevos accionistas de Indalo, OP Inversiones, presentaron a la Justicia un plan de inversiones que prevé incorporar a la petrolera rusa Lukoil con 120 millones de dólares y piden que les den una moratoria para pagar la deuda que tienen con el fisco a cambio de un aporte inicial de 952 millones de pesos en 60 cuotas de 112 millones cada una. Rosner quiere, además, que el Estado les pague 1200 millones de pesos que dicen que les adeuda por pauta oficial, certificados de obra pública, venta de fuel oil a Cammesa y retenciones indebidas por parte de la AFIP.

En el medio hay tres factores que chocan entre ellos: la necesidad de la AFIP de cobrar las deudas, el futuro de las empresas que emplean a 4000 trabajadores y los gremios petroleros que presionan al Estado para que acepte el salvataje.

El Gobierno avisó que se va a declarar prescindente. En todo caso, desea que sea la justicia federal la que se encargue de aprobar la compra de Indalo.

La semana próxima, la Cámara de Casación decidirá que la retención de los impuestos que permitieron el crecimiento de Indalo constituye el delito de administración fraudulenta y que será el juez federal Julián Ercolini quien indague a López. Con seguridad terminará por procesarlo. Ya lo indagó hace meses antes de declararse incompetente, así que cuando la causa regrese a su juzgado sólo le quedará firmar su procesamiento.

En medio está el ex administrador de la AFIP Ricardo Echegaray, quien estaba a cargo de controlar estos pagos. Echegaray -dicen sus voceros- ya fue investigado y sobreseído por la Justicia por la entrega de los planes de pagos a López tras una denuncia de Elisa Carrió. Lo sobreseyó el juez Sebastián Ramos en marzo de 2014. Es decir, seis meses después de que Diario La Nación reveló la operatoria que López y su socio Fabián de Sousa utilizaron para comprar activos de Petrobras en la Argentina. La evasión investigada ahora es por pagos que deberían haberse efectuado entre 2012 y 2015.