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PASO

Una candidata propone que se le quiten los 32 millones de subsidio a la Iglesia Católica

Luciana Echevarría puso en debate la separación del Estado de la Iglesia Católica. La institución recibe 32 mil millones que se podrían usar para viviendas, hospitales y refugios para mujeres que sufren violencia de género.

Luciana Echevarría es integrante del Movimiento Socialista de los Trabajadores y delegada de la UEPC. Este año, como precandidata a diputada presentó una propuesta polémica para la gran mayoría católica de la población argentina: pretende que se le retiren los subsidios a la Iglesia Católica, lo que representaría un ahorro de 32 mil millones de pesos.

“Si bien estamos en un Estado laico, nuestro Estado con nuestros impuestos financia a un solo credo, la Iglesia Católica. Esto no es contra ningún credo, nosotros somos muy respetuosos”, aseguró la precandidata por Izquierda al Frente.

Echeverría asegura que con ese dinero, en un año, podrían construirse más de 4.400 refugios para las víctimas de violencia de género o implementar planes de empleo con mejoras salariales. En este sentido, agregó: “La Iglesia Católica es una institución retardataria en un montón de cuestiones. Por ejemplo se niegan a aplicar la Ley de Educación Sexual. Tiene que ver con el sentido común, no tiene que ver con faltarle el respeto a las creencias de nadie”.

Previendo las críticas que pudiera recibir, consideró necesario aclarar: “No es en contra de los creyentes o los que profesan esta religión. Si estamos en una Estado laico no se debería otorgar presupuesto a un credo. Los obispos cobran el 80 por ciento de lo que percibe un Juez, es decir, son ingresos superiores a los 30 mil pesos y la Iglesia recibe por año 32 mil millones de pesos”.

Además, la precandidata estima que es una cifra exorbitante, con la que podrían construirse 55 mil viviendas o mantener el hospital de Clínicas por un año. "Nos parece algo de sentido común, no estamos en contra de la religión. Además, la Iglesia es retardataria, estuvieron en contra del matrimonio igualitario y de la Ley de Educación Integral. Hay que poner en debate la separación de la Iglesia del Estado”, expresó.


Agujero negro en la economía del país

La separación de religión y política siempre fue un proceso complejo en Argentina. Los íntimos lazos entre esas esferas se remontan a la colonización española. Mientras que para la jerarquía eclesiástica y los católicos practicantes la actual relación entre ambas instituciones es óptima, para la mayoría de la sociedad que no practica dicha religión, este régimen representa un sistema de privilegios inadmisible en un Estado aconfesional como lo es el argentino.

En la actualidad, los obispos gozan de un sueldo, retribución o asignación mensual correspondiente al 80% de lo que gana un juez de primera instancia nacional. El financiamiento estatal a la Iglesia Católica (o instituciones relacionadas) tiene regulación constitucional (art. 2); la iglesia es reconocida como una persona jurídica pública no estatal (art. 33 del Código Civil); el sostenimiento económico está garantizado por una batería de leyes dictadas en la última dictadura militar y cuentan con un marco normativo internacional como es el Concordato firmado entre nuestro país y la Santa Sede en 1966.

De este modo, se garantiza el sostenimiento del culto católico, apostólico y romano. Los aportes financieros se cristalizan a través de distintos mecanismos. Por ejemplo, la ley 21.950 establece asignaciones mensuales para obispos titulares, obispos eméritos, seminaristas, parroquias de frontera y sacerdotes ancianos sin cobertura. El costo mensual total de ese financiamiento es de poco más de 10 millones de pesos. La transferencia de recursos estimada para  2017, por ese concepto, ascenderá a 123.528.000 pesos.

Además, el Estado aporta recursos adicionales para financiar acontecimientos religiosos (viajes pastorales, sínodos, conferencias regionales, tribunales eclesiásticos), tareas de ayuda social realizada por instituciones ligadas a la Curia y subvenciones a colegios privados católicos. Por último, la Iglesia también es beneficiaria de numerosas exenciones impositivas. Los bienes y recursos que recauda el clero están exentos del pago de distintos tributos nacionales y provinciales.