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Libertad de expresión

Presentaron ante la ONU el caso de una sanción disciplinar a una abogada tucumana

Organizaciones sociales denuncian presiones y violación de derecho a la libertad de expresión por parte de la justicia tucumana.

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Las organizaciones Amnistía Internacional Argentina (AI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y Abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales del Noroeste Argentino (ANDHES), entre otros colectivos, denunciaron ante Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) el amedrentamiento sufrido por la abogada defensora de derechos humanos de pueblos originarios Belén Leguizamón Salvatierra de parte de la Justicia tucumana.

Belén es una abogada defensora de derechos humanos integrante de la organización ANDHES. Leguizamón interviene como abogada querellante en la causa del homicidio al dirigente indígena de la Comunidad Indígena Los Chuschagasta, Javier Chocobar. Un hecho que desde hace ocho años investiga la justicia tucumana sin resultados a la vista.

El amedrentamiento denunciado tiene que ver con las sanciones disciplinarias impuestas por los jueces de la Cámara Penal de Tucumán a la abogada el día el 9 de noviembre de 2016. En aquella fecha se intimó a Belén a concurrir a medios de comunicación locales tras haber manifestado públicamente su preocupación por el retardo injustificado en el caso del homicidio del líder indígena, el pasado 12 de octubre de 2016 cuando se cumplió el séptimo aniversario de la muerte de Chocobar.

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Foto: © andhes Comunicación


“La Justicia tardía no es justicia”, insistió la abogada y la frase ofendió a la casta judicial local. Además, en aquella ocasión, la abogada invitaba a la sociedad a acompañar a la comunidad en su reclamo público, como parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Quien realizó la denuncia desde la fiscalía contra Leguizamón en la sala IV fue Marta Jerez, fiscal de Cámara. En aquel momento, sin prueba alguna, se dio lugar a las sanciones solicitadas mediante la siguiente justificación del Tribunal de la Cámara: “Las expresiones vertidas por la letrada en los medios masivos de comunicación no aportan nada a los intereses de sus clientes. Antes bien, con esa actitud demuestra una falta total de lealtad y probidad”.

Desde la Línea Estratégica de Defensa de DDHH de andhes sostienen que “esta sanción es arbitraria y se encuentra en clara contradicción con estándares internacionales de protección de los derechos humanos. La resolución del tribunal, solicitada por la propia fiscal de la causa Chocobar, fue dictada en violación a las garantías del debido proceso de la defensora de derechos humanos, ya que la misma se dictó sin producirse ninguna prueba y sin notificar debidamente a la abogada a fin que esta pueda ejercer debidamente su derecho de defensa”.

Para AI, CELS, Andhes, la Confederación Mapuche, el grupo internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (Iwgia), Xumek, la Fundación Asociana y la Red Agroforestal Chaco Argentina, esta represalia contra la abogada viola el derecho a la libertad de expresión y al debido proceso de Leguizamón Salvatierra. En este sentido postulan: “Resulta de suma preocupación que en lugar de avanzar en la investigación del homicidio de un líder indígena, que ha permanecido impune por los últimos siete años, la justicia se aboque a la sanción de quien ejerce y representa a una comunidad que aún no ha encontrado en el Poder Judicial una respuesta”.

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Foto: © andhes Comunicación


Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de AI, manifestó que ese tipo de presiones “la obliga a desdecirse de sus propias palabras, es un disciplinamiento que apunta a ella y a todos los abogados y abogadas que intenten de aquí en más quejarse del mal funcionamiento de la Justicia”.

Durante una visita a Argentina en 2016, la ONU destacó como altamente condenable la represión y toma de represalias contra quienes defienden o lideran la defensa de los derechos civiles de los indígenas y sus familias, entre ellos, su territorio en el país.

El comunicado explica que “la vulneración, entre otros derechos, de la libertad de expresión de Belén Leguizamón, por parte de aquellos que deberían resguardarlo prendió una luz de alerta frente las situación latente en la provincia de Tucumán: el desconocimiento de los derechos indígenas, la impunidad de aquellos que los violan y el hostigamiento de los defensores y defensoras de derechos humanos”.