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Pueblo Orginarios

Galería de fotos: manifestación contra los desalojos de los Pueblos Originarios

Miembros de los Pueblos Originarios y organizaciones sociales se manifestarán en Tribunales y en Casa de Gobierno. No se respetó la ley que declaró la emergencia para estas comunidades.

A principios de esta semana, el desalojo de doce familias diaguitas que residen en San Pedro de Colalao puso en alerta a los Pueblos Originarios que habitan el Norte argentino y también a parte de la sociedad tucumana. Pese a que en 2006 se sancionó la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, los apremios contra los pueblos originarios continúan.

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En el día de hoy, frente a tribunales se concentraron organizaciones sociales y de DDHH junto a la comunidad Diaguita para manifestarse contra el desalojo en San Pedro de Colalao de doce familias de dicha comunidad.

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Reclaman juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, por dictaminar medidas contrarias a los Tratados Internacionales y Derechos Constitucionales que reconocen la posesión ancestral de las tierras por parte del Pueblo de los Tafíes.

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“Repudiamos el accionar de los terratenientes: Carlos Fernando, Javier López de Zavalía, Francisco Critto, Teresa Guanuco de Torino, Héctor OteroVíctor Hugo Saleme, entre otros, que actúan en complicidad con los vocales de la Corte Suprema de la Provincia para vulnerar nuestro Derecho colectivo y usurpar el territorio que habitamos desde siempre”, manifestaron los representantes de Los Tafíes en un comunicado de prensa.

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“El territorio es nuestra casa, es nuestra vida, allí pertenecemos y no vamos a ningún lado”, añadieron en el texto y convocaron a los “organismos de Derechos Humanos, compañeros del mundo del arte, la ciencia y a todas las personas que estén comprometidas con las causas justas para defender los Derechos Colectivos y de la Madre Tierra”.

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Cabe destacar que la ley 26.160 ordenó: “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1 (que declara la emergencia”. La emergencia estará vigente, por lo menos, hasta noviembre de 2017.