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Gobierno

Discapacidad empática: sin pensiones, sin prótesis, sin garantía de inclusión laboral

La quita de pensiones para personas con discapacidad es sólo un ítem más de una larga cadena de vulneración de derechos que viene sufriendo este sector de la sociedad.

Ilustración: Disculpen la molestia

“Ha implicado un gran esfuerzo intentar expulsar

emociones humanas básicas de la cabeza de la gente.

Lo vemos en la formulación de políticas públicas que atacan

a la seguridad social basada en el principio de solidaridad.

La solidaridad de preocuparse por los demás.”

Noam Chomsky

En el día de ayer se desató el malestar social luego de que el gobierno de Mauricio Macri, a través de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, apele al decreto 432 firmado en 1997, jamás aplicado, por el entonces presidente Carlos Menem. El texto del decreto había sido firmado en el marco del fuerte recorte en las prestaciones sociales que caracterizó al menemismo. El mismo establece las condiciones para el otorgamiento de pensiones por invalidez, por ejemplo: “sólo tendrán derecho a una pensión cuando la invalidez produzca en la capacidad laborativa una disminución del 76% o más”.

Desde comienzo de este mes, miles de beneficiarios de pensiones no contributivas se vieron sorprendidos cuando, al ir a cobrar su haber, se encontraron con que no estaba depositado. Sucedió que, sin previo aviso, se recortaron miles de pensiones. Como consecuencia, comenzaron las consultas a diversos organismos. La respuesta fue que el Estado Nacional les quitó el beneficio por diversas razones: su cónyuge cobra una jubilación mínima, tienen un vehículo a su nombre o un familiar directo cobra un promedio de tres salarios mínimos. El fundamento legal de este accionar se encuentra reglado en el Decreto 432/97.

La pensión de discapacidad mínima es 4.400 pesos y hasta 2016 estaban otorgadas poco más de un millón de pensiones por invalidez. ¿Se puede vivir con 4.400 pesos?.

La vicepresidenta de la comisión de Discapacidad de Diputadas, Gabriela Troiano, adelantó que presentará una demanda en la Defensoría del Pueblo y denunció que en definitiva el gobierno de Macri "invoca esa resolución que establece una ayuda asistencial sólo en casos de extrema indigencia". Junto a ella, organizaciones civiles adelantaron que, por ser un decreto inconstitucional, se prevé una catarata de medidas cautelares avanzando con acciones de amparo colectivas. En concreto, los requisitos para recibir una pensión, según el viejo decreto se oponen a la autonomía de la persona, que el Estado debe garantizar por tratados internacionales de rango constitucional.

Sin embargo, el gobierno no sólo aduce razones legales emanadas de un viejo decreto del menemismo para dejar sin prestación a los discapacitados sino que cuando la ley lo obliga a ofrecer puestos de trabajo, elude su responsabilidad.

No hay garantías de un trabajo genuino

El Estado Nacional está obligado a cubrir al menos una proporción no inferior al 4% de la totalidad del personal de planta permanente (efectivo) y contratados (cualquiera sea la modalidad de contratación) debe ser cubierta por personas con capacidades diferentes. Según datos oficiales que las ONG le reclamaron al Ministerio de Trabajo, apenas llega al 0,89 por ciento. Mientras tanto, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, especificó en su último informe a la Cámara de Diputados que el cupo asciende al 0,95%.

Incluir Salud (Ex PROFE) no provee medicamentos

La Asociación de institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (Aiepesa) denunció que el Ministerio de Salud de la Nación no cumple sus obligaciones. La cartera, conducida por Jorge Lemus, dispuso una serie de modificaciones el año pasado en el modelo de contratación entre la obra social y los prestadores de gran parte del país que causaron el colapso de la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y el transporte de miles de personas con discapacidad.

"Desde hace varios meses no provee adecuadamente prótesis, medicamentos y otros insumos. Además, incumple los plazos de pago adeudando fondos desde octubre de 2016 a la fecha, y no ha dado el aumento acordado con los transportistas de personas con discapacidad", señalaron desde Aiepesa.

Además, lanzaron un video para reclamar la grave situación que atraviesan con el Ministerio.


No se garantiza el acceso a la educación

Si bien la Ley Nacional 26.206 establece desde 2006 que la educación en el país es inclusiva, muchas escuelas se niegan a aceptar alumnos que por sus necesidades especiales deben asistir acompañados de una maestra integradora. Gabriela Santuccione, miembro de Amparar, denuncia que si la maestra integradora falta los chicos quedan excluidos de las actividades escolares o directamente no los dejan entrar a la institución.

Entonces, para no dejarlos fuera del sistema educativo, se los reorienta hacia las “escuelas especiales” donde no se concreta la inclusión social, ya que no hay una verdadera integración con el resto de la sociedad.


Transporte y movilidad urbana

En Tucumán, la Ley N° 7.811 (data de 2006) establece que las empresas de transporte público de pasajeros deben incorporar, en forma progresiva sus unidades adaptadas para el ingreso y egreso de personas con movilidad y comunicación reducida hasta 2010. Por tanto, a partir de ese año, el 50% de sus unidades debían estar adecuadas para el uso de discapacitados.

El cumplimiento de la norma está aún pendiente. Las unidades de larga distancia tampoco están preparadas para recibir personas que se desplacen en sillas de ruedas, carecen de rampas y sus baños no son accesibles.

Es evidente la falta de sensibilidad de parte del Estado en cuanto a políticas inclusivas. Recorrer la ciudad tampoco resulta tarea fácil si se está en silla de ruedas o se tiene una disfunción visual, ya que implica sortear a diario obstáculos urbanos como veredas rotas, falta de rampas, falta de señalización en semáforos, entre otros.