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Vivienda

El Instituto de la vivienda podría perder un fondo de $1.100 millones

Funcionarios afirmaron que no adjudicará 1000 viviendas porque los precios ofertados superan en un 18% los valores de referencia.

Días atrás, Daniel Mafud, presidente de la Cámara de la Construcción de Tucumán, aseguraba que estaban en condiciones de iniciar la construcción de mil viviendas. Se consideraba la factibilidad de las propuestas presentadas por las empresas, incluyendo precios entre un 10% a un 15% más bajos que el valor de referencia con el que están trabajando a nivel nacional. Sin embargo, Gustavo Durán, interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), no tardó en desmentir al empresario ya que las licitaciones superan ampliamente los valores de referencia de la provincia.

Dependiendo del prototipo (modelo y materiales), por una casa el estado nacional pagaría hasta $15.700 el metro cuadrado. En promedio, una casa costaría unos $ 800 mil, aunque varía de acuerdo a la provincia. La Nación financia el 70% de la unidad y la Provincia el 30% restante.

“Nosotros vamos a defender nuestros recursos, porque el 30% va de la Provincia, Mafud tendrá sus conceptos, sus intereses que responden a las empresas”, disparó Durán, entendiendo que lo que se pretende es politizar esta gestión para descalificar a la Provincia como ineficiente.

Ante esta situación, el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, advirtió que si la demora en adjudicar las obras continúa, podrían perderse los fondos para este año, que suman alrededor de $1.100 millones.

En las últimas horas, ambos funcionarios se reunieron con el ministro de Economía, Eduardo Garvich, con representantes de la Cámara de la Construcción y con miembros del gremio de la Uocra para intentar destrabar el inconveniente.

Una de las posibilidades que se trató en el encuentro para que las empresas locales puedan bajar los costos sería la de eximir los trabajos de impuestos municipales y provinciales, pero eso deberá ser analizado por los gobiernos de la Ciudad y la Provincia.

“Fue una reunión fructífera, trabajamos en conjunto para que las obras salgan. No podemos influenciar en la Provincia, porque nosotros nos encargamos sólo de financiarlas. Podemos sugerir a las autoridades y a los empresarios que calculen si hubo un error”, consignó Amaya.

El funcionario nacional explicó que no admitirán ningún tipo de sobreprecios. “Veremos cómo solucionarlo. Sería triste que se pierda de comenzar la obra este año”, aseguró. Estimó que en la edificación de las viviendas intervendrán unos 4.000 obreros y remarcó la importancia de la iniciativa para generar mano de obra.

Por otro lado, Gustavo Durán se mantuvo firme en su postura: “La comisión del Instituto que estudia las licitaciones está aconsejando que los precios no son razonables. Quedan los pasos legales a seguir que es un segundo llamado hasta que se pueda adjudicar con normalidad y transparencia”, afirmó.