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El femicidio de Ornella: resultado de una vida difícil o de un Estado incompetente

El problema de los femicidios no se soluciona con mano dura, sino con la aplicación de políticas públicas que garantizan la protección de nuestros derechos.

Siempre resulta más fácil culpabilizar a la víctima que examinar el entramado de negligencias que se cometen de manera estructural.

En los cuatros meses que van del año 2017, la frialdad de la estadística marca que el número de femicidios cometidos ascendió, con respecto al año pasado, a una mujer asesinada cada 18 horas. En Tucumán se contabilizaron ocho femicidios hasta el momento, dos menos que en 2015. Dicho así, son solo números. Pero cuando esos números tienen cara, historias, familiares y amigos que claman justicia, las cifras se vuelven insoportablemente dolorosas.

 

En diciembre de 2016 se declaró por ley provincial el estado de emergencia en violencia de género que regirá por dos años en la provincia. Se estableció con el fin de implementar de forma efectiva todos los derechos y garantías consagrados en la Ley Nacional Ley 26485. La normativa dispone la creación de espacios físicos transitorios de asistencia y contención a las víctimas, la asignación de un cupo en los barrios a construir por el del Instituto de la Vivienda y la creación de un Registro Provincial Único para llevar estadísticas sobre violencia contra las mujeres. Nada de esto fue aplicado por el gobierno provincial por falta de presupuesto. Y las mujeres siguen siendo asesinadas por sus parejas, ex parejas o cualquier psicópata que se sienta avalado de castigarnos por la impunidad que le brinda el Estado patriarcal, ausente y cómplice.

Entre los elementos de la normativa, también se describe como necesaria la capacitación del personal policial, en un intento de “sensibilizar” las ya corrompidas y descompuestas fuerzas de seguridad del Estado. Al día de la fecha, familiares y amigos de Ornella Dottori sospechan que la policía local de Alberdi estuvo involucrada en su muerte y trata de encubrirse usando a Damián Pomelo Díaz para que no se ahonde en la investigación.

La adolescente oriunda de salta, tenía 16 años y estaba embarazada. La Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable describe entre sus objetivos “promover la salud sexual de los adolescente” y “garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable”. Por mucho que los portales de noticias insistan en la felicidad que le provocaba el hecho de estar embaraza, se trata de una menor. ¿Existe algún motivo por el cual a Ornella nunca se le habló de lo que implica la procreación responsable? Sí. En las escuelas del territorio aún no se implementan los programas de Educación Sexual Integral, debido a la injerencia que tiene el poder clerical a la hora de implementar legislación que tengan que ver con el derecho inalienable de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

En este punto, algunos podrán objetar que de todas formas Ornella no estudiaba y estaba bajo tutela judicial.  Sin embargo, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia  tiene la obligación de generar para las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal espacios de convivencia en los que se atiendan sus necesidades básicas, y les brinde tratamiento individual y familiar, para llevar adelante su recuperación y su desarrollo integral, para su efectiva reinserción social.  ¿Es el final de una historia dura y difícil o es el resultado de una falta absoluta de contención por parte los organismos estatales?

En este marco, #NiUnaMenos Tucumán convoca para esta tarde a las 18 h en Plaza Independencia para pedir #JusticiaPorOrnella.

 

Camila Itatí Iscazatti
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